El pasado jueves 13 de Junio se inició la recolección de firmas que busca derogar la JEP y anexo a ello cambiar los magistrados de altas cortes, todo ello viene a ser el desenlace de un enfrentamiento ideológico entre los defensores y los detractores del proceso de paz. El origen de la ruptura política del país se da el 02 de Octubre de 2016, ese día, contra la mayoría de pronósticos, el NO derrotó al SI en las urnas respecto a la pregunta que buscaba el apoyo de la población al proceso de paz. El gobierno de ese entonces tuvo que reunirse con los promotores del NO y definir una ruta de negociación, la cual dificultaba sus intenciones de tener en marcha todo el soporte jurídico que el acuerdo con las FARC requería. Por lo anterior, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió continuar por otras vías con su objetivo. En 2017 luego de que la corte constitucional sentenciara su apoyo al acto legislativo 02 que funge como artículo transitorio, muchos manifestaron que el hecho debía ser considerado como un blindaje al acuerdo de paz, y se le consideró un espaldarazo a Santos para proceder, sin embargo otros advirtieron que se trataba de un asalto a la soberanía del ejecutivo, pues se le sometería al gobierno entrante a mantener como prioridad la agenda del gobierno anterior. En el aspecto jurídico lo que se esperaba era que los resultados le entregaran la potestad a los promotores del NO de decidir sobre lo acordado, con autonomía incluso para reversar en su totalidad el acuerdo, pero lo que sucedió en realidad fue que los promotores del acuerdo ignoraron las inquietudes y demandas de los detractores y llevarán a cabo sin mayores cambios, el acuerdo inicial. El modo en que se desarrollaron los acontecimientos nos conduce a concluir que para ambas partes, el escenario será político. Por supuesto que habrá apoyo en lo jurídico, pero el escenario jurídico es tan complejo que unos artículos anulan a otros, para dar un ejemplo: La ley 137 de 1994 en su artículo 40 respalda la iniciativa de derogación pero el artículo 22 de la constitución respalda el acuerdo en base al argumento de la paz como derecho. Por ello se justifica que la iniciativa para derogar la JEP nazca de la voluntad popular y no de una convocatoria de presidencia, pues si la acción la convoca directamente presidencia la oposición podría acusarle de desconocer la voluntad popular. ¿Que pasa si el referendo logra las metas electorales?El referendo es viable desde el punto de vista jurídico, la decisión de que sea una iniciativa popular es acertada para darle legitimidad, sin embargo además de que las metas electorales son altas, 9.262.415 votos y luego debería pasar por el congreso, finalmente la batalla será netamente política, en donde los detractores del acuerdo tienen un panorama difícil si se tiene en cuenta la presión internacional.
Lo más probable es que el gobierno entienda sus cartas y contemple que lo mejor que puede lograr es adjuntar al acuerdo las objeciones que en principio ha estado promoviendo, ello depende enteramente de la voluntad del presidente Duque, que tendrá que asumir un costo político en ambos escenarios; si anexa las objeciones, la oposición tomará fuerza, si no lo hace, su propio electorado se alejara de él y de su partido que perdería credibilidad para las votaciones presidenciales de 2022, cediendo así en elecciones a la centro-izquierda y a la izquierda radical, concluyendo finalmente en una eventual presidencia de alguna de éstas vertientes ideológicas.
1 Comentario
Manuel Camelo
6/27/2019 20:17:43
No es fácil para el gobierno pero el ciudadano realmente está descontento con esos acuerdos y en especial por las últimas deciciones de las cortes y la arrogancia de las FARC, en la práctica no se está teniendo en cuenta a las víctimas y eso aumenta el descontento, esto puede generar que se aumente la la posibilidad de conseguir la cantidad de las firmas requeridas y se polarice aún más la sociedad un dos posiciones políticas definidas, los que apoyan la derogación de la GEP y los que la defienden.
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