 Expertos advierten que la medida puede terminar por agudizar la crisis, contrario a lo que esperan quienes apoyan la medida y la explicación, dicen los expertos, es más científica que política. No existe evidencia empírica que respalde la creencia de que un aumento decretado en los salarios desencadene en un crecimiento económico o en un aumento del consumo general como muchos creen, la razón es simple, los salarios obedecen a la productividad y la escasez de mano de obra en relación a la abundancia de ofertas laborales. Si hay pocas ofertas laborales y muchas personas desempleadas, como en cualquier relación de oferta y demanda, el precio jugara en favor de la escasez, y serán los ofertantes de trabajo los que definirán el precio de la mano de obra, pues lo que estos ofrecen (empleo) es escaso. Si por el contrario lo que abundan son las ofertas de empleo, y lo que escasea es la mano de obra, aquellos que ofrezcan su mano de obra serán quienes tendrán la balanza a su favor, pues las empresas en busca de adquirir mano de obra, competirán por atraer a los empleados, ya sea con mejores salarios o con mejores condiciones.  Publicidad La productividad por otro lado es la que define cual es el monto máximo al que un empleado puede aspirar, pues un costo que se adhiere a la cadena de producción, y las empresas deben definir en base a los precios del mercado, que tanto pueden pagar. Para dar un ejemplo, si el costo en materiales para producir una silla es de 4 dólares, el costo de transporte es de 1 dólar, el costo de mantener en stock es de 0.5 dólares, y el precio para ese producto en el mercado es de 10 dólares, la empresa tiene un margen de 3.5 dólares para poder obtener 1 dólar de ganancia por silla, naturalmente la empresa definirá si el margen es menor dependiendo de si 1 dólar como ganancia por silla le es rentable.
En ese sentido, la medida aplicada en Argentina contradice los principios del mercado, puesto que, un aumento del salarió es una barrera de entrada para los que menos producen, continuando con el ejemplo, si una empresa tiene 3 empleados, uno de ellos produce 10 sillas, otro 8 y otro 6, habiendo definido el sueldo en 3.5 dólares por silla, el primero ganará 35 dólares, el segundo 28 dólares y el tercero 21 dólares, si el ente que regula los salarios decreta un sueldo mínimo de 25 dólares terminara por condenar al empleado que produce 6 sillas, al desempleo, es por ello, que la primer consecuencia que se prevé de la medida es un aumento del desempleo. En el ejemplo hay un factor que no tomamos en cuenta y es el tiempo que tarda en producirse cada silla, si el empleado que produce 6 sillas, lo hace en 8 horas, y para cumplir con la cuota mínima que exige el ente que decreta el salario mínimo, que sería de 8 sillas, el empleado tarda 9.5 horas, la segunda consecuencia que se prevé, es un deterioro en las condiciones laborales, pues las empresas, para obtener los mismos márgenes con los empleados menos productivos, deberán apelar al factor tiempo para compensar el desfase de productividad – costo. aquí para editar.
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 Argentina es el país de la región con mayor gasto público ineficiente, principalmente en los rubros de compras y gasto en nómina salarial, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. el promedio de ineficiencia de la región está estimado en 4,4,% del PIB, mientras que particularmente Argentina tiene una ineficiencia de 7,2% del PIB. Los puntos claves en la crisis argentina se relacionan con un doble déficit en la balanza de cuenta corriente y del presupuesto, una inflación difícil de controlar, una caída muy fuerte en el poder adquisitivo de los asalariados, el aumento del desempleo y la caída de la producción industrial. Los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) contrario a lo que se espera, no estimulan la economía del país sino que postergan la crisis por el hecho de que acrecientan la deuda mientras no hay sector productivo que la respalde. Las empresas también se ven afectadas. Desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017 cerraron 3198 grandes y medianas empresas, lo que equivale al cierre de 7 empresas por día, ya que la presión fiscal termina por consumir el margen de utilidades, las altas tasas de interés y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores como efecto paralelo al cierre de empresas, somete como un círculo vicioso al cierre en muchas industrias. Varias empresas importantes como Coca-Cola Femsa, Avianca, Carrefour o Falabella, han comenzado a adoptar el procedimiento preventivo de crisis, que le permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones. La salida de estas empresas llaman la atención de nuevos “mercados emergentes” como el modelo a escala chino, o la producción barata de países como Pakistán, India o Corea del Sur.  Publicidad Aunado a la puesta en marcha de los protocolos de emergencia en las compañías extranjeras, se resalta que las propuestas de Macri para el incremento de salario mínimo son contraproducentes a mediano plazo. Esto debido a que las compañías no pueden solventar el pago de los sueldos de los trabajadores, terminarían haciendo importantes recortes nominales y finalmente incrementando las tasas de desempleo a nivel nacional y desacelerando la producción, lo que agrega otro detonante al ciclo de, baja en producción, cierre de empresas, desempleo, baja en consumo, baja en ventas, despidos, etc.
Adicionalmente, el manejo fiscal que ha tomado Macri afectó de manera significativa su imagen, teniendo en cuenta el contexto electoral, y le han dado viabilidad al discurso de la oposición, principalmente de los peronistas, quienes aprovechan la crisis para señalar las deficiencias del “modelo neoliberal” debido a los problemas que genera a largo plazo, como el incremento de las tasas de interés. No se descarta que tomen fuerza candidatos presidenciales como Cristina Kirchner, quien ha planteado la posibilidad de lanzarse a la presidencia. De ser así, ella ganaría el apoyo tanto de los peronistas como de los ciudadanos opositores al liderazgo de Macri. Finalmente, en medio de este panorama, se puede anticipar que una de las medidas que podría tomar el gobierno argentino para reemplazar a las empresas que han salido del país, es explorar mercados menos costosos que se ajusten al poder adquisitivo de los ciudadanos, aunque ello no desencadenaría en un proceso de recuperación sino solo de estancamiento. Teniendo en cuenta el gobierno Macri no modificó notablemente las políticas del gobierno anterior, sino que fue solo una continuación de estas, se puede concluir que las causas de la crisis actual vienen de un tiempo anterior a la posesión de Macri y que de retornar Cristina Fernandez a liderar el país la tensión para el sector empresarial y la economía en general no desaparece, pues las políticas de Cristina no serían muy diferentes a las que ejecutó en el pasado y a las mismas con las que el gobierno Macri ha venido trabajando. Tomado de Diamante, S. (2018). La Argentina es el país con más gasto público ineficiente de la región: 7,2% del PBI. La Nación. http://bit.ly/2Hp2VzQ  Durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, se aprobó el Decreto 2268 de 30 de diciembre de 2016, cuyo artículo 1° prorroga las medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas, hasta el 31 de diciembre de 2018. Para entonces, el nuevo gobierno, encabezado por el Presidente Iván Duque debía resolver qué hacer con este decreto.
En diciembre de 2018, varios representantes del partido Centro Democrático y el partido Conservador Colombiano en el Senado, mediante una carta, solicitaron al Presidente Duque la flexibilización del decreto de desarme en Colombia, argumentando que “los ciudadanos de bien” tienen el derecho a la legítima defensa. Esta iniciativa generó polémica en varios sectores a nivel nacional, a tal nivel que el Presidente decidió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2019, pero ¿qué posibles escenarios habría en el país de darse una liberación al porte de armas? Algunos columnistas como Vanessa Vallejo (2016)[1] han afirmado que el libre porte de armas sufre los estragos de la desinformación, ya que contrario a los argumentos de aquellos que promueven la prohibición de armas, en la ciudad de Kennesaw, Georgia, Estados Unidos, la liberación del porte de armas generó una disminución en la tasa de crímenes, siendo la más baja en todo el país (Vallejo, V. 2016). Pero ese es el caso particular de Estados Unidos. No obstante, Andrés Fernández (2018)[2] asegura que la legalización del porte de armas en Colombia “traería más oportunidades en donde los ciudadanos se puedan defender en contra del hampa, delincuentes y terroristas”. (Fernández, A. 2018) Desde este punto de vista, la legalización parece una solución fiable a los problemas de violencia. Sin embargo, se debe tomar en consideración que a pesar de que países como Estados Unidos sean violentos, Colombia ha tenido una historia marcada por el conflicto armado, lo cual genera rencillas previas a la legalización que pueden desencadenarse en la legitimación de actos "vengativos" una vez la medida de libre porte de armas entre en función. Para evitar ello, la medida debe sustentarse en un marco legislativo que contemple el contexto histórico del país. Si bien en las zonas urbanas el porte legal de armas respondería a la legítima defensa por hurtos o delincuencia, en las zonas periféricas y rurales la lógica sería distinta. Aquí, la respuesta armada amparada en la legítima defensa sería confrontada en principió con más violencia, por ello la aplicación de la medida en estas zonas debe venir acompañada de una fuerte presencia de las fuerzas militares como medida transitoria previa al inicio de la regla. La razón para tratar los territorios de forma diferente es, que los grupos organizados delincuenciales en las zonas rurales, están directamente relacionados con temas de; narcotrafico, minería ilegal, secuestro y delitos similares, por tanto, anterior al libre porte de armas se debe dar solución a las causas que generan la violencia en estos territorios. Las pandillas en las zonas periféricas, y las estructuras armadas que delinquen en las zonas rurales, no temerán en asesinar inocentes que se defiendan con un arma, dejando además la posibilidad de que pueda ser robada y utilizada en otros actos atroces. Además, aunque se disminuyan delitos como hurtos o secuestros, podría aumentar el homicidio relacionado con riñas, consumo excesivo de alcohol, el cobro de alguna deuda, o crímenes pasionales. Estos delitos, que ya se presenta sin la legalización de armas, se podrían profundizar si cada ciudadano tiene acceso a un arma. Por otro lado, el tráfico de armas se convierte en una amenaza por la cantidad de grupos armados en el país, o incluso una oportunidad para quienes quieren obtener otros ingresos, ya que se comprarían armas con identidades falsas, para posteriormente borrar su número de serie y venderlo a criminales o incluso llevarlas a otro país, como sucede en Estados Unidos. [1] Tomado de Vallejo, V. (2016). El libre porte de armas es la solución a la violencia, no el problema. Panam Post. http://bit.ly/2IYeCzR [2] Tomado de Fernández, A. (2018). Conozca las razones por las que el Estado colombiano debe legalizar el uso de armas. Panam Post. http://bit.ly/2SPiu5R editar. |
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